¿Solución o problema? Para qué le sirve al país Vicentin en manos del Estado
La gran incógnita a despejar es si la estrategia de una expropiación se encamina a una salida virtuosa y pragmática para el complejo agroindustrial o a construir otra gran mochila para todos.
[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”0″]
CARLOS PETROLI – EDITOR DE CONTAINERCARLOS PETROLI – EDITOR DE CONTAINER
[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”0″]
La decisión del Gobierno de intervenir y expropiar Vicentín instala el interrogante de si el país se encamina a una salida virtuosa y pragmática para su complejo agroindustrial o se está comprando otro gran problema que se sumará a los que ya tiene, con costos elevados.
De movida, el estrés financiero y el default en el que cayó el grupo –y su futuro en manos estatales– no tiene relación con el resguardo de la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria no está en juego. Pero la consecuencia de esta expropiación sí puede afectar el flujo de inversiones y la seguridad jurídica, además de conculcar los derechos de propiedad. En el Gobierno se sostiene que esta potencial estatización busca frenar la concentración y el ingreso de más capital transnacional en el sistema agrícola. ¿Solución o más problemas para la desvaída estructura económica?
El flujo de divisas procedentes del agro es otra de las razones que animan la operación, pero nada asegura que la intervención estatal ayudará en este aspecto.
Por acá no: el problema no está en la oferta
Pongamos un ejemplo: en estos meses de pandemia, cuando cayó abruptamente el consumo fuera del hogar, las granjas y frigoríficos de cerdos quedaron abarrotados de carne. El problema se suscitó por el lado de la demanda, no de la oferta. La Argentina es un productor global, donde intervienen grandes, medianas y pequeñas empresas y miles de actores.
La actuación público-privada es importante, pero el Estado empresario, por sus antecedentes, inspira poca confianza. La seguridad alimentaria se puede preservar a través de una política social y un sistema de abastecimiento eficiente, sin prácticas clientelistas ni corrupción.
Vicentín cayó en cesación de pagos, con el Banco Nación entre sus principales acreedores, en medio de una transición política y tormenta financiera que hizo eclosión en el segundo semestre de 2019. Un talón de Aquiles que lleva a otra cuestión medular: el salvataje financiero, el recupero de las acreencias del Estado, sin que el camino elegido desemboque en perjuicios mayores.
Inversores de la década
Apenas seis años atrás, en abril de 2014 (gobernaba Cristina Kirchner, segunda etapa), el coloso agroindustrial nacido en Avellaneda (Santa Fe) ponía en marcha la mayor planta de molienda de soja del país en Timbúes, sobre el río Coronda, al norte de Rosario.
Presentada como “la mayor inversión privada de la última década”, el nuevo complejo ( joint ventures con la multinacional suiza Glencore) demandó en esa etapa 490 millones de dólares. Después vinieron más inversiones y ampliaciones, incluso durante el último gobierno de Mauricio Macri.
La soberanía que falló
Recuérdese el episodio de hace unas semanas con los sobreprecios en compras públicas de alimentos; esto mientras se insinúan intervenciones del tipo Junta de Granos, cuando tendría más lógica contar con una estructura eficiente de abastecimiento para los programas sociales.
El 85 por ciento del negocio de Vicentín está asentado sobre el comercio exterior (principalmente el crushing de soja); cuenta con unidades en los rubros de carnes (el frigorífico exportador Friar), derivados lácteos, industria textil, vitivinícola, biocombustibles.
Algunos de estos negocios surgieron a partir de la política de subsidios del gobierno, como el desembarco en el segmento de la carne aviar, plataforma de la que posteriormente se fue despegando.
En la década anterior, a pesar de las intervenciones y compensaciones estatales, la soberanía alimentaria ahora declamada estuvo en riesgo. No hubo desacople de precios en carne, lácteos, pan, harina y alimentos en general, y en varios de estos rubros el país se descapitalizó: la ganadería entró en liquidación, cerraron frigoríficos, la agricultura se “sojizó” ante las intervenciones y las asimetrías de las retenciones.
Alianza estratégica (¿nacional y popular?)
Con estos antecedentes, la reingeniería sobre Vicentín levanta muchos interrogantes. Se apunta a una complementación estratégica con YPF Agro (YPF es socio con la canadiense Nutriem en Profértil, el polo de producción de fertilizante nitrogenado en Bahía Blanca). La nueva empresa se desplegaría en la cadena de granos y derivados, biocombustibles, infraestructura portuaria, logística, redes de distribución.
Empresa testigo
El grupo estatal deberá gestionar la restructuración del pasivo y tendrá una silla en la mesa de los exportadores. El Gobierno aspira a contar con una empresa “testigo”, para lo cual deberá competir por precio y condiciones en el entramado agroindustrial en el que se genera cerca del 40 por ciento de las divisas del comercio exterior.
Semejante salto deberá ser medido contra los riesgos y las cuotas partes que distribuye la política cuando se trata de empresas estatales.
El argumento de la defensa de los pequeños productores, desde ya, choca con el esquema impositivo, que no discrimina en tamaño, escala y ubicación geográfica.
¿Y las cooperativas?
A todo esto, ¿qué hará el sistema cooperativo, donde actúan las redes de ACA, AFA, FECOFE, acreedores también de Vicentín, y piezas importantes en este tablero? Pueden incidir para que el árbitro –el Estado– se ocupe de hacer cumplir las reglas, en lugar de entrar a la cancha como protagonista del partido.