Un sistema único de salud para la Argentina: ¿Es posible?

Esta fue la pregunta disparadora que intentó responder Jorge Colina, de IDESA, a los referentes del sector de la salud.

La posibilidad de estatizar el sistema de salud es una idea por el momento impracticable, por la variada cantidad de actores, jurisdicciones alcanzadas e intereses que cruzan a la actividad, tanto en el sector público, el sindical como también el privado.

Esta es la principal conclusión de un Zoom realizado la semana pasada por el presidente de el instituto IDESA, el economista Jorge Colina, con la participación de directivos y funcionarios del sector de la salud, tanto de Córdoba como del país.

Colina recordó que la construcción del sistema en la Argentina comenzó formalmente durante el gobierno de Perón en 1946.

Allí se formó la Secretaría de Salud Pública (que luego vendría a ser el Ministerio de Salud nacional) y ocupó el cargo el famoso Dr. Ramón Carrillo que se lanza a una campaña de construcción de hospitales públicos en las provincias, como Sarmiento lo hizo con las escuelas.

Hasta ese entonces, la gente accedía a prestaciones médicas mediante mutualidades. Estas eran esquemas rudimentarios y limitados de seguros de salud. Perón, en paralelo con la creación de la Secretaría de Salud Pública, establece que los trabajadores tendrán afiliación compulsiva al sindicato de su actividad y autoriza a los sindicatos a formar mutualidades. Así nacen las obras sociales.

Entre 1973, durante el gobierno que empieza con Héctor Cámpora, se propone construir el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para unificar en un sólo sistema nacional a este vasto universo de hospitales públicos en las provincias y de obra sociales sindicales y estatales. La idea era centralizar todos los recursos en un único fondo (el Fondo Financiero Sanitario Nacional) para asignarlo de manera equitativa entre todos los habitantes de la Nación. Pero esa intención no prosperó.

Entre 1986 – 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y bajo la gestión de Aldo Neri, se propuso un Seguro Nacional de Salud (SNS) con la misma concepción de unificar todo en un solo sistema.

Prosperó a medias, dijo Colina, porque de aquí salió el Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS) que regula el actual sistema de obras sociales sindicales. Pero se aplica “a medias” porque las obras sociales y los hospitales provinciales no están adentro. Es un sistema nacional con una parte del sistema.

En 1995 apareció la posibilidad de que los seguros médicos privados (empresas de medicina prepaga) tomen afiliados de las obras sociales. En el 2011 aparece el marco regulatorio para las prepagas, por fuera del SNSS que regula a las obras sociales, aun cuando las prepagas atienden beneficiarios de esas obras sociales.

Ahora se propone otro intento desde el Instituto Patria con el nombre Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA). Es otro intento de unificar todo en un solo sistema nacional de salud con un solo fondo (Fondo Nacional de Salud –FONASA).

¿Será distinto esta vez? Es muy difícil. Todos los intereses del sector (provincias, sindicatos, empresas de medicina prepaga, afiliados, profesionales médicos, prestadores médicos, etc.) se cruzan haciendo una madeja complicada de desentrañar. Pero hay una cosa que es muy cristalina: a ninguno le conviene un único sistema nacional.

En materia de números, con una prestación médica obligatoria (PMO) de 2.860 pesos, sobre 260 obras sociales que existen en la Argentina sólo 76 logran recaudar esa cifra per cápita, con lo cual el Estado debe subsidiar.

Parte del problema es que los afiliados de mayores ingresos pueden derivar una parte de sus aportes a prepagas, con lo cual ese ingreso cae a 2.400 pesos per cápita, cuando el aportante coloca 4.500 mensuales en el sistema.

Por otro lado, Colina explicó que las obras sociales sindicales retienen a sus afiliados cuando la problemática de salud es menos compleja que en las edades post jubilatorias. En este caso, pasan al Pami que dispone de 7.500 pesos por persona pero necesitaría no menos de 12.000.

Una alternativa, en lugar de nacionalizar la salud sería correrse hacia un esquema de provincialización, donde los Gobiernos locales (que son los que ya tienen la mayor parte de las responsabilidades en la materia) coordinen la actividad y asuman, inclusive, con transferencias presupuestarias mediante, la atención de los jubilados nacionales.