¿Qué hacemos con Tierra del Fuego?

Reducción de aranceles e incentivos industriales en revisión ponen en serio riesgo la actividad económica en una provincia que para nada es una más. La ineptitud de haber entrado a un régimen sin plantear su salida.

El Gobierno nacional impulsa una reducción progresiva de aranceles e impuestos para dispositivos electrónicos, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los precios en el mercado interno. La primera etapa de esta política implicará una baja del arancel de importación de celulares del 16% al 8%. La segunda, está prevista para el 15 de enero de 2026, cuando se eliminará por completo este tributo.

Además del arancel, los dispositivos electrónicos importados pagan actualmente un 21% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) general y un 10,5% adicional de IVA adicional, totalizando un 31,5%. En el caso de los productos fabricados en Tierra del Fuego, a este IVA se lo quedan las empresas. Así como se lee.

Este esquema tiene impacto directo sobre el subrégimen creado hace más de 50 años. En 2022, el Régimen cumplió medio siglo desde su implementación mediante la Ley 19.640. Su objetivo original fue promover el poblamiento de la isla y el desarrollo económico a través de incentivos a la producción industrial.

Según la serie de documentos elaborados por la Fundación Fundar, titulada Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego, el régimen fueguino logró su propósito inicial. La ley permitió aumentar significativamente la población y expandir el empleo industrial en un territorio hasta entonces poco dinámico. Sin embargo, el mismo análisis señala que el subrégimen no fue diseñado con una estrategia de salida, y que en la actualidad representa una renuncia fiscal de aproximadamente 1.070 millones de dólares anuales, equivalentes al 0,22% del PBI argentino, a datos de 2022.

La estimación del costo fiscal discriminada por tipo de producto indica que los teléfonos celulares concentran la mayor parte del beneficio, con una renuncia fiscal anual de 510 millones de dólares, seguidos por los televisores (221 millones) y los acondicionadores de aire (151 millones). 

El desglose por impuesto muestra que el mayor componente es el IVA, con un costo fiscal de 630 millones de dólares, seguido por los aranceles de importación y la tasa estadística (436 millones), impuestos internos (20 millones), impuesto a los débitos y créditos bancarios (−16 millones) y, en menor medida, impuesto a las ganancias.

En paralelo, la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación estimó el gasto tributario total del régimen fueguino en 1.567 millones de dólares anuales, una cifra aún superior que contempla otras exenciones asociadas.

Ese monto supera, por ejemplo, más del doble del presupuesto del CONICET de 2021 (cuando era alto) y equivale al 39,3% del gasto público anual en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE). Los documentos indican que el esquema actual privilegia la facturación sobre el valor agregado, y no fomenta la innovación ni la diversificación productiva.

Pese a haberse concebido el sub régimen con la idea de fomentar el valor agregado, los actuales incentivos económicos y normativos no alientan ese camino. En cambio, destacan dos características centrales del modelo vigente: fuerte dependencia de insumos importados y baja agregación de valor local.

Fundar también propone un esquema de transición de 11 años para reducir progresivamente el costo fiscal y reorientar los incentivos hacia la innovación y el agregado de valor nacional. El modelo plantea cambiar el enfoque de incentivo —de la facturación al valor agregado—, con el objetivo de financiar nuevas actividades económicas y acompañar con mecanismos de protección social a los trabajadores que pudieran verse afectados. 

Cabe mencionar que el gobierno de Milei no bajó el régimen sino que le otorgó más beneficios pero le eliminó los aranceles a la competencia. Es, una nueva vuelta de tuerca a un esquema destartalado.

Fundar también analiza la viabilidad de una transformación productiva en la provincia y los lineamientos para un programa de protección social y reconversión laboral. Los sectores con mayor potencial de expansión en el mediano plazo incluyen el turismo, la economía del conocimiento y actividades basadas en recursos naturales. A su vez, se estima que el ahorro fiscal que generaría la reformulación del régimen sería suficiente para financiar estas nuevas actividades, con impacto neutro o incluso positivo sobre el empleo y la actividad económica.

Finalmente, la implementación de una transformación productiva requiere acuerdos políticos amplios y sostenidos en el tiempo, algo que la clase dirigente ha demostrado casi no saber hacer. Por la naturaleza del federalismo argentino, proponen que el Congreso de la Nación sea el ámbito para discutir y definir los compromisos necesarios. También se señala que el proceso debe ser liderado por la propia provincia de Tierra del Fuego, con participación activa de actores territoriales, empresariales, sindicales y sociales.