Ahora el Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envía a la Justicia
La Eurocámara decidió paralizar la ratificación del tratado UE-Mercosur y someterlo al análisis del Tribunal de Justicia europeo, lo que abre un período de incertidumbre política y comercial.
El Parlamento Europeo resolvió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su encuadre legal. La decisión, adoptada por un margen estrecho de votos, implica una paralización del proceso de ratificación y añade un nuevo capítulo a una negociación que lleva más de dos décadas.
El tratado, considerado uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos firmados por la UE, busca eliminar cerca del 90% de los aranceles entre ambos bloques y crear un mercado ampliado de más de 700 millones de personas. Aunque había sido anunciado como un hito estratégico para Europa y Sudamérica, el camino hacia su entrada en vigor nunca estuvo exento de resistencias políticas, sectoriales y ambientales.
El núcleo del planteo que llevó a la judicialización gira en torno a la base jurídica utilizada para aprobar el acuerdo. Un grupo de eurodiputados sostiene que algunos capítulos del tratado exceden las competencias exclusivas de la Unión Europea y deberían ser ratificados también por los parlamentos nacionales. En ese marco, consideran que avanzar sin ese aval podría vulnerar los tratados comunitarios y limitar la capacidad regulatoria de los Estados miembros.
A estas objeciones se suman cuestionamientos vinculados al impacto ambiental y al sector agropecuario. Productores europeos, especialmente de países como Francia, Irlanda y Bélgica, expresaron su rechazo ante la posibilidad de una mayor competencia de productos sudamericanos, a los que consideran sometidos a estándares ambientales y sanitarios menos exigentes. Estas tensiones internas pesaron en el debate parlamentario y terminaron inclinando la balanza hacia la cautela.
Desde la Comisión Europea, en cambio, se defendió el acuerdo como una herramienta clave para fortalecer la posición geopolítica del bloque, diversificar mercados y reducir dependencias en un contexto global cada vez más fragmentado. El envío del tratado al TJUE no implica su anulación, pero sí introduce demoras que podrían extenderse por uno o dos años, hasta que el tribunal emita un dictamen.
Para los países del Mercosur, la decisión genera incertidumbre. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay habían apostado al acuerdo como una vía para ampliar exportaciones industriales y agroindustriales hacia Europa. Con el proceso ahora en suspenso, el futuro del tratado vuelve a quedar atado a la dinámica política europea, donde el consenso comercial convive, cada vez más, con agendas de protección sectorial y exigencias regulatorias.