Desde Córdoba, el IERAL respalda el veto previsional
Como conclusión, los especialistas del Instituto de la Fundación Mediterránea consignan que las leyes aportan algunas soluciones (fortalecer la regla de movilidad, automatizar las transferencias a cajas provinciales), pero profundizan y perpetúan viejas distorsiones (prórroga de moratoria, no focalizar el bono, no mejorar el diseño de la PUAM). Mientras el ordenamiento integral sigue pendiente.
“Ni el no hacer nada ni el seguir improvisando parches van a sacar el sistema de la crisis. Urge un ordenamiento integral del sistema previsional”, sostiene un informe como parte del Programa de Asesoramiento al Poder Legislativo (PAL), que llevan adelante los técnicos de la Fundación.
El informe coloca bajo análisis el reciente veto presidencial a las leyes previsionales 27.791 y 27.792. La primera proponía un aumento general de haberes del 7,2%. Además, subía y actualizaba un bono para los jubilados con menores ingresos. Y también restituía un mecanismo de financiamiento para las cajas provinciales no transferidas.
La segunda ley (27.792), prorroga la moratoria previsional, la que permite jubilarse aunque falten aportes. Y además reducía la edad para que las mujeres accedieran a la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor y eliminaba condiciones de vulnerabilidad para recibirla.
El informe del PAL justifica el veto con dos argumentos centrales. Por un lado, el compromiso con el equilibrio fiscal, que es un tema recurrente. Y por otro, la visión de que estas leyes, en vez de solucionar, en realidad agravaban problemas estructurales que ya tiene el sistema previsional. Se insiste mucho en que cualquier expansión del gasto tiene que tener un financiamiento consistente previsto. Según el IERAL, estas leyes no lo aseguraban del todo.
Excenciones fiscales, punto sensible
En el financiamiento de la primera ley, la 27.791, el informe toca un punto sensible. Se mencionaba eliminar exenciones fiscales, como el IVA en honorarios de directores o beneficios a aportes en sociedades de garantía recíprocas, las SGR. También reasignar partidas para organismos de Inteligencia, entre otras asignaciones. El informe sugiere que incluso con todo eso, los nuevos gastos iban a superar a los ingresos. Y eso generaría un impacto fiscal desestabilizante.
Con respecto a las SGR, el IERAL destaca que su rol es vital para el crédito a las Pymes en Argentina. Un sector que siempre tiene el acceso al crédito más complicado. Y enumera que las SGR avalan uno de cada tres préstamos Pymes y que gracias a ellas se financiaron unas 100.000 empresas en 24 meses. Y que eso generó medio millón de empleos. Entonces, quitarles beneficios fiscales podría encarecer ese crédito, un efecto dominó inesperado.
Problemas de fondo
La idea que transmiten los mediterráneos es que las leyes no solo tenían un costo fiscal directo, sino que también complicaban problemas de fondo. Como la moratoria, por ejemplo. La prórroga de la moratoria, que ya lleva como 20 años aplicándose de distintas formas, la ven como una solución que termina siendo cara y además poco equitativa para los que sí aportaron. Creen que sería mejor quizás perfeccionar la PUAM, pero la ley iba en sentido contrario.
Bajaba la edad para mujeres y eliminaba requisitos de vulnerabilidad, o sea, la hacía más amplia, no más focalizada. Y sobre el aumento del 7,2% general, el informe reconoce que era costoso, pero también le ve un lado potencialmente positivo. Que podría ayudar a darle más solidez a la fórmula de movilidad jubilatoria y tal vez frenar la catarata de juicios contra la ANSES que, según citan a la Corte Suprema, marcó un récord en 2024. La famosa litigiosidad previsional.
El bono también es criticado
Primero, porque se estaría consolidando una medida que se pensó como transitoria para emergencias. Y peor aún, dicen, “es que se mantenga su pago de forma indiscriminada, sin focalizar realmente en quiénes son más vulnerables. Se pierde la oportunidad de usar esos recursos de manera más eficiente”.
En el caso de las cajas provinciales, se restableció un mecanismo de anticipos automáticos para las cajas no transferidas a la Nación. El informe aclara que esto no cambia la deuda total que la Nación tiene con esas provincias. Pero sí tiene un impacto financiero inmediato en el flujo de fondos. Y lo que sugieren es que este tema debería abordarse de manera integral, junto con todas las demás transferencias fiscales entre Nación y provincias.
Desafío clave para el Congreso
En resumen, la conclusión del análisis de la Fundación Mediterránea es que mantener el veto era importante para la sostenibilidad fiscal ahora, en el corto plazo. El “pero” importante es que esto no resuelve las deficiencias estructurales y organizativas profundas que tiene el sistema previsional, que son las que explican la crisis crónica y el malestar generalizado, a pesar de que se gasta mucho.
El informe cierra con una reflexión clave. Que el desafío real para el Congreso, más allá de volver a tratar estas leyes o no, es encarar de una vez por todas un ordenamiento integral del sistema previsional. Dejar atrás los parches que, según este análisis, a veces hasta terminan empeorando las cosas a largo plazo.