Dolarización en la Argentina: cuando el remedio puede ser peor que la enfermedad

En un editorial de coyuntura, el economista Gustavo Reyes (Ieral-Fundación Mediterránea) analiza los beneficios y costos de alinear la economía local al billete estadounidense. Paños fríos para una estrategia de muy difícil implementación.

La economía argentina no cumple ninguno de los requisitos establecidos en la literatura de áreas monetarias óptimas referidas a una potencial dolarización. Así de contundente es la apreciación de Gustavo Reyes, economista del Ieral-Fundación Mediterránea en el último informe de coyuntura difundido por la institución.

Los entusiastas de la propuesta, consigna Reyes, obviamente se focalizan fuertemente en sus bondades que, además de producirse rápidamente, en el caso argentino son de especial importancia dado el enorme problema inflacionario que sufre el país.

No obstante, advierte que la implementación práctica de la propuesta requeriría de una importante licuación de activos del sector privado que, teniendo en cuenta los elevados niveles de pobreza, aparece como una severa restricción inicial.

En coincidencia con el proyecto de ley que se presentó en el Congreso a fines del mes de marzo, el término “dolarización” se reflejó en internet, donde el índice promedio móvil de Google Trends pasó de 8,4 entre octubre 2021 y febrero 2022 a 32 en las últimas dos semanas de marzo.   

En términos técnicos, Reyes desmenuza por qué la dolarización en Argentina no cumple con ninguno de los requisitos de un Área Monetaria Óptima (AMO), desarrollada hace varias décadas principalmente por el economista Robert Mundell  (premio Nobel en 1999). Dicha teoría establece los criterios que deben cumplir dos economías, por caso la de Argentina y la de Estados Unidos, para que una moneda única funcione correctamente. 

Al analizar los beneficios de corto plazo de la dolarización “de jure”, el economista del Ieral menciona que, al eliminar el peso, hace desaparecer instantáneamente tanto la inflación como las tasas de interés en dicha moneda. Lo más atractivo es que ambos fenómenos se producen en forma casi instantánea con su aplicación. 

Al desaparecer la moneda doméstica, por un lado se elimina el componente de expectativas de devaluación en las tasas de interés y estas pasan a tener solo el componente de la tasa de interés internacional y la prima de riesgo país. Por otro lado, al no haber más pesos, la inflación interna converge rápidamente a niveles similares a los de Estados Unidos. Los efectos sobre las tasas de interés de los bonos soberanos y sus primas de riesgo implícitas no resultan tan claros ya que las mismas dependen, entre otras cosas, de la solvencia de mediano plazo del sector público y de las fuentes de financiamiento en el corto plazo, aclara.

En el caso argentino, tanto en un programa de estabilización como en otro que implemente una dolarización de jure, debe eliminarse la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, resolver el problema de las Leliq (déficit cuasi fiscal) y acomodar los precios relativos retrasados.

Un problema muy relacionado con las AMO, es que la economía ya no podrá amortiguar los shocks externos negativos a través de un rápido ajuste en el tipo de cambio real. Al desaparecer el tipo de cambio nominal (porque no hay moneda doméstica), el ajuste del tipo de cambio real se realiza mucho más lentamente ya que debe producirse necesariamente a través de una deflación de la economía con consecuencias bastante más negativas para el nivel de empleo.  

Otro de los problemas que puede generar esta propuesta en el mediano plazo es que, ante la escasez de dólares, la economía entre en un proceso deflacionario y se potencien las dinámicas recesivas y de endeudamiento. Los costos de este tipo de procesos pueden ser tan altos o similares a los problemas inflacionarios. 

Costos y beneficios.

En sus conclusiones, Reyes afirma que, como todas las políticas económicas, la dolarización trae aparejado costos y beneficios. Los entusiastas de la propuesta anotan su especial importancia dado el enorme problema inflacionario que sufre el país. 

No obstante, la implementación requeriría de una importante licuación de activos del sector privado que, teniendo en cuenta los elevados niveles de pobreza, aparece como una severa restricción inicial. 

Adicionalmente, también están los problemas de mediano plazo. Como toda propuesta, la urgencia por conseguir resultados en el corto plazo tiende a subestimar estos últimos costos y sobrevalorar los beneficios de corto plazo. Pero aun así, las actuales restricciones del “start up”, harían muy difícil la implementación por los costos que ello implica.