El silencio y el temor impiden que se corra definitivamente el velo
Pocos ámbitos de la economía conocen bien al administrador federal Ricardo Echegaray como el comercio exterior. Desde despachantes de aduana hasta agentes de transporte aduanero, pasando por operativos de terminales portuarias, de depósitos fiscales y agencias navieras, sin descontar a importadores y exportadores, todos se vincularon con el ex director general de Aduanas sobre la base del silencio y el temor.
El latiguillo de que la Aduana argentina nació a partir de una operación de contrabando es un velo que justifica y esconde prácticas comunes que ningún fiscal se atrevió a investigar y ningún damnificado osa denunciar. No obstante, la escalofriante escalada de la Argentina en el podio de plazas friendly para el narcotráfico aguzó el curioso olfato de las dependencias antinarcóticos de los Estados Unidos por saber qué pasa en este país. No es de extrañar que los servicios de inteligencia norteamericanos asistan a la miope justicia local al respecto.
El desliz vacacional del titular de la AFIP motivó la investigación periodística sobre sus acompañantes, Lambiris y González, dos empresarios con intereses en los negocios de los depósitos fiscales y los precintos electrónicos.
Un dato ya había alertado la atención internacional preocupada por el tráfico de drogas el lavado de dinero: el cepo impuesto a las importaciones vía las DJAI. Sucede que, al perseguir un control de las divisas, también quedó al desnudo el absoluto y discrecional poder del Estado en el comercio exterior.
Ese mismo dato podría interesar a cualquier fiscal deseoso de correr el velo y conocer las estadísticas de las DJAI. Podría descubrir, así, que en ciertos depósitos fiscales es altísimo el nivel de aprobación de esta presea que es casi un unicornio azul para la mayoría de los empresarios argentinos. Casi un ciento por ciento, cosa que no se repite en absoluto en otros depósitos fiscales.
El “bagayo” es al lunfardo del comercio exterior vernáculo lo que el contrabando al derecho. La administración del comercio habría obligado a varios a tocar contactos de “llegada directa” para hacerse de una mercadería a cambio de una suma de dinero.
Esas “importaciones” no las habrían hecho los importadores, sino una estructura armada ad hoc. Se informaba qué se pretendía traer y no se podía por los canales normales, y “el contenedor” llegaría casi a domicilio. Silencio y temor. El velo no se corrió aún..
Fuente: La Nación