La cobardía de no tomar decisiones a tiempo
Walter Giannoni
Es relativamente sencillo hablar de Tierra del Fuego sin haber vivido al menos un par de años ahí.
Por más que la tecnología comunicacional la haya acercado, sigue estando a 3.100 kilómetros por tierra desde la Capital Federal y a varias horas de avión. En invierno, las temperaturas bajan a cinco grados bajo cero y el viento sopla con una constancia brutal: de 30 a 60 kilómetros por hora en condiciones normales, y hasta 80 en días de temporal.
De ahí para allá, y para los costados, el fin del mundo.
La pregunta que cabe es incómoda pero inevitable: ¿qué queremos hacer los argentinos con esa parte del territorio nacional? Ese extremo que en el mundo nos define como país.
No es que otras regiones no merezcan la misma reflexión –la Puna, la selva chaqueña, lo alto de la cordillera–, pero Tierra del Fuego es un mojón geográfico y político donde se juega algo más que el arraigo o la producción: se juega la idea misma de soberanía.
El régimen promocional vigente le ha costado a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. De forma directa, con productos más caros para el consumidor. De forma indirecta, por la renuncia fiscal del Estado. Muchos hicieron fortunas con eso. Hubo desvíos, acomodos, retornos. Plata para la política, para ciertos empresarios, para sostener un modelo que sirve a unos pocos y que nadie se anima a revisar en serio.
Como pasa con otros temas estructurales –una reforma previsional, por ejemplo–, y como bien señala la Fundación Fundar, el Congreso determinó hace medio siglo cómo entrar al régimen especial de Tierra del Fuego, pero nunca diseñó una estrategia para salir. El objetivo inicial era poblar y afirmar soberanía. Se logró. Pero luego nadie quiso tocar el status quo.
Durante el gobierno de Macri se amagó con revisar el sistema, pero no se avanzó. Con Milei pasó algo distinto: no tocó los beneficios, los extendió. Pero modificó las condiciones de competencia para el resto, y ahora, según denuncian desde la isla, la industria podría colapsar.
Una vez más, al costo lo pagará la gente común. Esa que creyó en un proyecto de desarrollo y se instaló en un territorio difícil. Los que van a quedar atrapados en la caída de un sistema que se mantuvo a fuerza de oportunismo, inercia y complicidades.
Porque en la Argentina, el verdadero problema no son los privilegios sino la cobardía de no tomar decisiones a tiempo.