Los límites del proteccionismo en la Argentina

El debate entre liberalismo y proteccionismo aún está vigente. Gobiernos de Países que han sido los adalides de la libertad económica se ven obligados a implementar políticas de intervención para corregir las consecuencias del capitalismo desenfrenado, mientras que en la órbita del comunismo quedan muy pocos casos que no se hayan pasado a manejar con las reglas de la economía de mercado. El mundo busca su equilibrio.

Esto nos demuestra que no hay verdades absolutas y que los extremos siempre son malos, más allá de las virtudes y defectos de cada modelo.

La política de comercio exterior de nuestro país se caracteriza por reflejar dramáticamente este debate global.

Nos distingue la falta de una conducción adecuada que imponga un rumbo firme y estable, equidistante de los extremos, hacia objetivos estratégicos de largo plazo, como tienen los estados económicamente exitosos, cualquiera sea la idea económica con la que comulguen.

Así pasamos de la libertad sin control al proteccionismo sin garantías, en una guerra de intereses sectoriales que no respeta regla alguna y que termina ocasionando el atraso tecnológico, la caída de la producción y la pérdida de las inversiones, y socavando nuestra confiabilidad como clientes y proveedores del mundo.
En el marco de este debate es legítimo que un gobierno implemente políticas de protección de ciertos sectores de la industria nacional para llevar adelante programas estratégicos de desarrollo, pero es necesario que esas políticas estén basadas en el respeto de la ley y de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido.

Es que cuando la protección se sale del cauce de la legitimidad se transforma en una forma odiosa y arbitraria de reparto de favores y conlleva una serie de efectos no deseados, muy distantes del encomiable objetivo de fortalecer la economía nacional y lograr una distribución más justa de la riqueza.

Entre estos efectos no deseados mencionamos los siguientes:

1) Concentración: Los mecanismos de restricción no arancelaria de importaciones, cuando estas restricciones son exageradas o irrazonables, hacen que sólo aquellas empresas o grupos que estén mejor preparados las superen y expulsan del mercado a los más débiles. En esos casos, para mantenerse en el mercado, una empresa debe contar con las condiciones para:
a) Esperar largos procesos de autorización o certificación, efectuando compras según programas a largo plazo y tomando importantes riesgos,
b) Contar con la capacidad financiera para manejar grandes volúmenes de compra que justifiquen la inversión de tiempo y dinero que implican estos procesos.
c) Tener una posición de negociación fuerte ante el proveedor del exterior que le permita acordar una logística especial, sujeta a la falta de previsibilidad de los tiempos del trámite.
d) Contar con una batería de recursos de gestión y de acción jurídica para enfrentar las trabas burocráticas y el incumplimiento de los plazos legales por parte de la administración.
Es indudable que bajo estas condiciones las pequeñas y medianas empresas terminan siendo excluidas de la posibilidad de obtener la autorización o certificación y deben retirarse del mercado importador.

2) Transgresión: Cuanto mayor es la dificultad para importar, mayor es la tendencia a la transgresión bajo la forma de contrabando y otros ilícitos.
Es que la mayor brecha entre los costos y dificultades que presenta la actividad lícita y los de las vías ilegales de provisión permite financiar más holgadamente estas últimas y hace más atractiva la opción para quienes estén dispuestos a considerarla, además de fortalecer la posición de quienes ya se manejan en este campo.

3) Corrupción: Cuando los mecanismos de la administración implican otorgar a ciertas personas o grupos restringidos el poder para determinar la suerte del trámite, ya sea mediante el otorgamiento final de la autorización o certificación, ya sea incidiendo en los tiempos de tramitación durante el curso intermedio del proceso, cuando no se han previsto reglas transparentes y controles externos adecuados, se genera la posibilidad del ejercicio indebido de esos poderes y aparecen, tarde o temprano, las prácticas de corrupción en las que, una vez más, saldrán beneficiados quienes estén dispuestos a involucrarse en la ilicitud y tengan la fortaleza económica suficiente para hacerlo.
4) Connivencia: El poder otorgado a quienes tienen la posibilidad, sin reglas ni debido control, de incidir con decisión en los intereses ajenos, no sólo puede traducirse en corrupción económica, sino también en favoritismo político u otros tipos de connivencia.

Podríamos citar otros efectos de las restricciones, con respecto a los derechos del consumidor, la suba de precios internos, el atraso tecnológico, la pérdida de competitividad externa de la producción nacional, entre otros, pero entendemos que éstos son efectos que entran en el juego normal de las decisiones de Estado, que deben considerar diferentes intereses encontrados y resolver estos conflictos en función de razones de tipo político.

Lo que estamos señalando aquí son los efectos propios de la escasa razonabilidad y cierta arbitrariedad en la aplicación de estas políticas, en cuyo caso no pueden considerarse dentro de la legitimidad de las decisiones de los gobierno, porque sus consecuencias resultan intolerables para nuestro sistema democrático.