Opacidad fiscal: Afip vs. Exportadores
La necesidad de evitar los ilícitos tributarios y fiscales genera mecanismos de control desventajosos para los exportadores. ¿Cómo conciliar tantos intereses en juego?
En abril de 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió una lista de países denominados “paraísos fiscales”, lugares caracterizados por la falta de transparencia y por una serie de ventajas fiscales para empresas o personas no residentes, aún cuando éstas no desarrollen actividades en el país.
En estos paraísos existen además leyes de secreto bancario y de protección de datos que permiten la realización de ilícitos tributarios dándole un marco de opacidad al desarrollo de las actividades financieras.
En estos territorios, la opacidad contribuye a la pérdida de ingresos fiscales, blanqueo de dinero y fraude fiscal, y a pesar de no figurar en la “lista negra” emitida por la OCDE, existen varios otros países que se consideran paraísos. Por no cumplir con el intercambio de información tributaria y fiscal, estos países cuentan con requisitos más que suficientes para atraer inversiones.
Un caso es el de Uruguay, miembro activo del Mercosur, quien obtuvo una de las peores calificaciones por la OCDE.
Desde diciembre hasta marzo del corriente año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevo a cabo una investigación fundamentada en el cruce de información de la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) –en la que se informan las operaciones de liquidaciones de divisas–, con la base de empresas que reciben reintegros a las exportaciones y/o reembolsos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De las 2.168 que comenzaron a ser investigadas, hoy son muchas menos las que continúan siendo indagadas por la AFIP. Algunas enviaban físicamente la carga a la Unión Europea pero declaraban un menor valor ante Aduana, recibiendo después (a través de otros países) una suma de dinero mucho mayor.
Como consecuencia, el organismo recaudador procedió a bloquear en las empresas involucradas las devoluciones automáticas en concepto de beneficios que les corresponden a los exportadores hasta tanto no compruebe la transparencia que persigue en las operaciones de comercio exterior.
Contracara
La necesidad de la AFIP de frenar posibles evasiones impositivas derivó en una caótica situación de descontento en el sector exportador, ya que el congelamiento del pago de reintegros y devoluciones de IVA no tienen plazos establecidos, quedando supeditado a la verificación (caso por caso) de los precios declarados en Aduana de origen y de destino.
Motivados por el bloqueo, tanto la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) como la Asociación de importadores y Exportadores de la Republica Argentina (AIERA) y otros, comenzaron la lucha por la deuda millonaria que mantiene el Estado con las empresas.
Para muchos, el argumento de este procedimiento no es motivo suficiente para frenar el pago de lo que les pertenece, por el contrario, están convencidos de que es una manera de encubrir la falta de fondos del Gobierno para asumir estos pagos.
La situación para los exportadores es poco favorable, principalmente para aquellos que realizan el 100 por ciento de sus ventas al exterior. Es necesario otorgar a las exportaciones un marco más competitivo que permita obtener una mayor inserción de la Argentina en el comercio mundial.
El costo financiero que genera la lenta recuperación de los reintegros a las exportaciones y la devolución en concepto de IVA; el riesgo que corren con sus contratos pactados en el exterior; la incertidumbre; la conveniencia de algunas empresas de abandonar las exportaciones y dedicarse a proveer al mercado interno; la reducción de utilidades; la capacidad limitada para invertir y expandirse son algunos problemas derivados de este esquema.
La gran diferencia entre el funcionamiento “real” del sistema y el funcionamiento “teórico”; así como toda la burocracia que implica la obtención de estos beneficios, hacen necesario e imprescindible un cambio. Éstas y muchas otras razones justifican la necesidad de mejorar los procedimientos, a los fines de neutralizar los efectos negativos que tienen estos mecanismos de control en las exportaciones.