Vuelven a cuestionar en la OMC el régimen de desarrollo del sector de autopartes
Las empresas automotrices y fabricantes de autopartes que operan en el país volvieron a quedar en la mira de sus competidoras, que reiteraron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sus preocupaciones por los incentivos establecidos en el régimen sectorial vigente desde agosto de 2016.
Los reparos fueron formulados durante la reciente reunión del Comité de Acceso a los Mercados, en Ginebra, Suiza, en la sede de la organización rectora del comercio global, que informó sobre la presentación.
En la ocasión los participantes actualizaron sus listas de mercancías a fin de reflejar las modificaciones introducidas en el Sistema Armonizado; examinaron notificaciones sobre restricciones cuantitativas; y analizaron diversas preocupaciones comerciales específicas planteadas por los miembros, detalló la OMC.
La advertencia recayó “sobre el uso por la Argentina de los impuestos indirectos como forma de proteger y promover la manufactura nacional, especialmente mediante el uso de subsidios”.
La ley de autopartes creó un bono fiscal que sirve para cancelar cualquier impuesto nacional y parte de un nivel de 4% si la integración nacional del vehículo alcanza al 20%; asciende a 10% si llega al 30% de componentes fabricados en el país; y crece hasta 15% cuando el contenido local se acerca al 40%.
La norma contempla además que las terminales automotrices cumplan con el “contenido mínimo nacional” de 30% para automóviles y utilitarios; el 25% en vehículos comerciales livianos, camiones, chasis y ómnibus; y 15% en motores (por tres años, y de 20% a partir del cuarto).
Las alertas externas ahora reiteradas son similares a las que formularon en octubre del año pasado varios miembros de la OMC, durante la reunión del Comité de Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (MIC, por su sigla en inglés).
En aquel momento se señaló que el nuevo régimen de promoción autopartista ofrecía incentivos fiscales a los fabricantes de automóviles radicados en la Argentina, con preferencia a la utilización de partes y piezas de automóviles de fabricación nacional.
En ese encuentro el representante de México dijo que los incentivos fiscales de la ley podrían ir en contra de Acuerdo sobre las Inversiones y remarcó que el país no informó a la OMC de la medida.
La Unión Europea, por su parte, dijo entonces que había planteado la misma cuestión en el Comité de Acceso a los Mercados, también a mediados de octubre último, en una posición que sostiene que el régimen contradice la obligación de la Argentina para el tratamiento de componentes importados no sea menos favorable que los productos locales.
Canadá, por su parte, dijo en aquel momento que la proliferación de requisitos de contenidos locales en los sectores de automóviles son de interés general, mientras que Japón, Taiwán y Corea compartieron las preocupaciones y dijeron que seguirían de cerca el tema.
En esta oportunidad algunos miembros consideraron que la ley 27.263 “puede ser incompatible con el artículo III del GATT (Acuerdo General de Comercio y Servicios, antecesor de la OMC) sobre trato nacional en materia de fiscalidad y reglamentación internas, y con el artículo 3, relacionado al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias”.
La ley, agregaron los países que cuestionaron su aplicación, “es un retroceso en la trayectoria positiva de la actual administración argentina frente a las principales barreras comerciales”.
La OMC informó que la delegación argentina “tomó nota de las preocupaciones expresadas por los miembros y reiteró su compromiso de transmitirlas a Buenos Aires para su análisis”.
La representación nacional añadió durante el encuentro del Comité de Acceso a los Mercados que está dispuesta a aclarar las cuestiones con los miembros “de modo bilateral”.
Fuente: Télam
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