Más tensión en la relación de las Alimentarias con el Gobierno: piden bajar triples controles
Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad, indicó COPAL.
La relación del Gobierno nacional con las compañías alimentarias (sobre todo las de mayor tamaño) atraviesa por un momento de máxima tensión.
Días atrás se conocieron los términos de una acalorada discusión entre dirigentes empresariales y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, por la prórroga del programa de Precios Cuidados, casi sin atender la demanda de la industria.
Este lunes, la COPAL, que representa a las cámaras y federaciones empresarias del sector, emitió un duro comunicado donde anuncia la presentación de un recurso administrativo para que se deje sin efecto el sistema de control de costos, precios y stocks, que se suma a otros controles ya ejercidos por el Estado.
“Desde el comienzo de la pandemia, la industria ha sabido demostrar su carácter esencial en la matriz productiva del país y ha continuado prestando servicios en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a las familias argentinas”, indicó en un comunicado.
Sin embargo, “el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”, agregó.
“Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”, alertó.
A las dificultades anteriormente mencionadas, se adiciona la reciente publicación de la Resolución 237/21 que crea el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), “el cual exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos”, reclamó.
“Por este motivo, COPAL, en representación de sus 35 cámaras socias, interpuso un reclamo administrativo impropio, requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación”, planteó.
En los hechos se trata de eliminar un triple control, porque casi todos los precios están bajo los regimenes de Precios Cuidados y Precios Máximos, a lo cual se agrega este denominado SIPRE.
Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria.
En la misma línea, se advierte sobre las implicancias y los fundamentos para exigir la derogación de la Resolución 283/21 que da lugar al “Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas” (SIFIRE), colisionando con marcos normativos preexistentes y con competencias de las autoridades sanitarias correspondientes, sumándose al extenso listado de trámites del sector.
“En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirma Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL.
