El caso de la caja y los cheques en blanco a Milei
Columna por Walter Giannoni.
Una parte de la opinión pública (la cual existe, según se puede ver en las encuestas) considera que a Milei hay que aprobarle todo a libro cerrado, sin debates ni discusiones de ningún tipo. El ajuste de un Estado desquiciado, así lo proclama. El argumento para ello es el remanido “mandato” de la sociedad, el cual esquiva varias cuestiones de fondo. La primera, que el libertario no resultó electo en primera vuelta con el 56% de los votos, sino que allí consiguió una fracción, sus votos duros fueron el 29,99%. Llegó a la Rosada por un balotage mecanismo que, como sostiene un politólogo, genera gobiernos pero no gobernabilidad.
Hay sectores, como el empresarial, que apoyan reformas que impulsa Milei. La más evidente es la laboral, modificaciones claves para poder darle soporte a la recuperación del empleo formal que atraviesa por una larga agonía, potenciada ahora con la recesión. Sin esos cambios, por ejemplo, es imposible pensar en una caída de la pobreza y la indigencia, cuyos números del gobierno de Alberto y Cristina volvieron a abofetearnos esta semana.
Pero hay cuestiones que demuestran que apoyar automáticamente las políticas oficiales está muy lejos del correspondiente equilibrio que el ejercicio republicano del poder demandan.
La decisión de Milei de dar por terminada la transferencia de fondos para la Caja de Jubilaciones de Córdoba, es una de ellas. A través de un DNU, el presidente eliminó varios artículos de la Ley de Presupuesto de 2023, prorrogada para este año, que actualizaba los giros a las 13 provincias que en su momento no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, entre ellas, la de Córdoba.
Es una cuestión de larga data que coloca en una difícil posición al gobierno provincial de Martín Llaryora porque le mengua recursos vitales para sostener el sistema previsional.
El cordobés está también pagando los platos rotos de otras administraciones –de los ‘90 para acá– que se quedaron colgadas bajo la idea de que ese sistema de transferencias no iba a caer jamás.
Será muy difícil para Llaryora, por más buena voluntad que ponga en el diálogo, llegar a acuerdos cuando esta cuestión ni siquiera ha sido debatida en profundidad entre las partes, como corresponde con la institucionalidad.
El gobernador tendrá allí un argumento para señalar que no se le pueden firmar cheques en blanco a nadie, por más molestia que ello genere en la Nación. Y seguramente también debería acudir a la Justicia, aunque traiga consecuencias.
